El Ministerio Fiscal acusaba a nuestro cliente, que regenta un negocio de ocio y restauración, de haber falsificado la autorización de instalación para el ejercicio de actividades.

Nuestra cliente asediada por las deudas, al no poder abonar diferentes préstamos contraídos, por problemas laborales y personales tras una separación contenciosa, acude al despacho para buscar una solución.

En este caso nos encontramos ante la nulidad de actuaciones en un procedimiento de formación de inventario, debido a una incorrecta notificación a la procuradora, vía aplicación Lexnet.

En el presente caso la demandante reclamaba a nuestro cliente la cantidad de 6.076,13 euros, derivada de un contrato de tarjeta de crédito con una mercantil.

Nos ha sido notificada la Sentencia de mayo de 2025 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo

Nuestro cliente se separó de su pareja, con la que tenía dos hijos en común y un piso gravado con una hipoteca cuyo importe pendiente de pago era similar al valor de mercado de la misma.