La indemnización por prisión provisional. El Tribunal Constitucional refuerza la protección de la presunción de inocencia

La Sentencia del Tribunal Constitucional xxx, de xx de junio, aborda una cuestión de especial relevancia en materia de responsabilidad patrimonial del Estado: el derecho a obtener una indemnización por haber sufrido prisión provisional y haber sido absuelto posteriormente.

La resolución se dicta en el recurso de amparo núm. xxxx-2019, promovido por don xxxxxxxxxx, quien había permanecido en prisión provisional entre el 22 de septiembre y el 8 de octubre de 2015, en el marco de unas actuaciones por delitos de estafa, falsedad y usurpación de estado civil. Tras ser absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, y confirmarse dicha absolución por el Tribunal Supremo, solicitó al Ministerio de Justicia una indemnización de 10.000 euros, más los intereses legales. La reclamación fue rechazada al considerar la Administración que la absolución no se había producido por la inexistencia objetiva del hecho imputado. En el momento de los hechos, el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial condicionaba la indemnización por prisión preventiva a que la absolución se hubiera producido por “inexistencia del hecho imputado”.

Esta regulación generaba una diferencia de trato entre las personas absueltas. Por un lado, quienes demostraban que el hecho delictivo nunca había existido podían acceder a una eventual indemnización. Por otro, quienes eran absueltos por falta de prueba suficiente, por aplicación del principio de presunción de inocencia o por cualquier otra razón distinta de la inexistencia objetiva del hecho quedaban, en principio, excluidos.

El recurrente consideró que esta diferenciación vulneraba el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución y el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24.2. Alegó que una resolución administrativa no podía utilizar argumentos que, directa o indirectamente, pusieran en duda su inocencia después de haber sido absuelto penalmente.

La STC xxx/2021 se remite expresamente a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 85/2019 y 125/2019.

En la STC 85/2019, el Tribunal declaró inconstitucionales y nulos los incisos “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” del artículo 294.1 LOPJ, al considerar que vulneraban los artículos 14 y 24.2 de la Constitución.

La razón esencial es que el derecho a la presunción de inocencia no se limita al proceso penal. También despliega efectos cuando, una vez finalizado este, una autoridad administrativa o judicial debe pronunciarse sobre las consecuencias derivadas de la prisión provisional. En ese contexto, no resulta constitucionalmente admisible construir una decisión desfavorable sobre la base de que la persona absuelta era materialmente responsable de los hechos o de que existían dudas sobre su inocencia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había advertido de este riesgo en los asuntos Puig Panella c. España y Tendam c. España. Conforme a esta doctrina, las decisiones posteriores a una absolución deben respetar el significado material de la presunción de inocencia y evitar cualquier lenguaje o razonamiento que equivalga a una declaración encubierta de culpabilidad.

El Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo y reconoció el derecho del recurrente a que su solicitud de indemnización fuera examinada nuevamente conforme a las exigencias constitucionales derivadas de los artículos 14 y 24.2 de la Constitución.

No obstante, la sentencia no reconoce automáticamente el derecho a percibir los 10.000 euros solicitados. El Tribunal Constitucional diferencia entre dos cuestiones: por un lado, la vulneración de los derechos fundamentales producida por aplicar un criterio legal inconstitucional; por otro lado, la procedencia concreta de la indemnización y la acreditación de los daños y perjuicios sufridos.

Por ello, acuerda retrotraer las actuaciones al momento anterior a la resolución administrativa que denegó la reclamación, para que la Administración dicte una nueva resolución respetuosa con la igualdad y la presunción de inocencia. Será en ese procedimiento donde deberán analizarse la realidad y entidad de los daños alegados, así como los demás requisitos legalmente exigibles.

La importancia de esta sentencia reside en que impide interpretar la absolución penal como una categoría de menor valor según la causa que la haya motivado. La Administración no puede conceder un trato desfavorable a una persona absuelta por entender que el hecho existió o que la absolución no fue suficientemente “contundente”.

La decisión también confirma que la indemnización no opera de forma automática por el mero hecho de haber sufrido prisión provisional y haber obtenido posteriormente una absolución. Será necesario acreditar los daños y perjuicios, pero esa valoración deberá realizarse sin cuestionar la inocencia del reclamante ni establecer diferencias incompatibles con el artículo 14 de la Constitución.

En definitiva, la STC xxx/2021 consolida una concepción garantista de la responsabilidad patrimonial por prisión provisional: la persona absuelta debe poder reclamar una reparación en condiciones de igualdad, y la Administración debe resolver la solicitud desde una posición neutral, respetuosa con la presunción de inocencia y ajena a cualquier valoración indirecta sobre su culpabilidad.